Cuando los peruanos salieron a las urnas el domingo once de abril de este año para votar por su próximo presidente, el deterioro y el desorden de los cinco años anteriores dominaron sus pensamientos. El crecimiento vigoroso de la economía nacional se había reducido a partir del 2014, aunque permanecía superior al crecimiento de las economías vecinas. Luego vino la pandemia del COVID-19, provocando la primera recesión peruana del siglo XXI y eliminando casi todo el crecimiento de los seis años anteriores. En el plano político, habían visto las investiduras de cuatro presidentes y la caída de tres desde las elecciones del 2016, como resultado de un juego político Kafkiano que también vio cerrar el congreso nacional por decisión de la rama ejecutiva. El tercero de los presidentes caídos, Manuel Merino, gobernó por cinco días, obligado a renunciar tras una oleada de protestas masivas en noviembre de 2020 que trajeron consigo la muerte de dos personas. Estas protestas envalentonaron a todos los promotores de la acción directa en el país. Perdida la estabilidad política, acabaron también con la estabilidad social que había hecho del Perú un oasis en una región atormentada por manifestaciones destructivas. A pocas semanas de la primera vuelta quedaron bloqueadas en una huelga tanto la Carretera Panamericana como la Carretera Central, amenazando la entrega de los suministros de oxígeno necesarios para tratar a los pacientes de COVID-19 fuera de Lima, entre otros recursos esenciales. 

Fue en este contexto que Pedro Castillo, un sindicalista, profesor y Marxista autoproclamado obtuvo casi el 20% de los votos en primera vuelta, superando a todos los demás miembros de la colección ecléctica de dieciocho candidatos que se habían postulado. Entre ellos resaltaron un exfutbolista vuelto alcalde, un millonario anticomunista del Opus Dei, un economista de talla mundial considerado para el Premio Nobel, y un empresario del sector educativo conocido por prometerle “plata como cancha” a sus aliados políticos.  

Castillo se opondrá en segunda vuelta a Keiko Fujimori este mes de junio. Keiko es hija de Alberto Fujimori, en cuyo gobierno se realizaron la derrota del terrorismo Senderista y la reconfiguración de la economía peruana de una de las más débiles a una de las más fuertes de Latinoamérica, pero también graves actos de corrupción y violaciones de derechos humanos. Keiko ha contado con seguidores fieles por muchos años, pero también la ha acompañado un antivoto aún mayor. Fue derrotada por candidatos drásticamente distintos en las segundas vueltas de las elecciones presidenciales de 2011 y 2016. El 28 de marzo de este año, un 55% de los encuestados por el Instituto de Estudios Peruanos afirmaron que nunca votarían por ella, motivados también, en parte, por el papel de su partido en la crisis política de los últimos cinco años. 

Como ha afirmado recientemente el periodista peruano Augusto Álvarez Rodrich, es posible que Keiko supere su antivoto histórico considerando las posiciones excepcionalmente radicales de su oponente. Aún así, considerando que la crisis institucional tiende a amplificar los llamados al cambio drástico, existe la posibilidad de que el Perú pudiera ser gobernado, en unos meses, por un Marxista-Leninista. Una mirada exhaustiva al manifiesto de su partido, escrito el año pasado, revelará los peligros aterradores que representa esta posibilidad para la consolidación de un Perú próspero y democrático. 

Lazos a las revoluciones violentas del pasado

El primer capítulo del manifiesto aboga por una historiografía perniciosa, aseverando que “desde Túpac Amaru II, la revolución peruana iniciada por él, aún no ha concluido.” Mientras que Túpac Amaru II, descendiente de la nobleza incaica, dirigió en el siglo XVIII una revuelta contra España que fue precursora de la independencia nacional, su imágen ha sido apropiada, paradójicamente, por los enemigos de la democracia en el Perú, incluyendo al régimen de Velasco de 1968-1975, la penúltima dictadura militar de la historia peruana, y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) de los años noventa, una organización terrorista cuyo objetivo fue implementar un gobierno marxista-leninista en el país. La narrativa de la revolución incompleta, por lo tanto, alinea al partido de Castillo con una tradición de deslegitimar la democracia republicana, un aspecto de su plataforma que, como veremos, informa sus propuestas políticas.

También vale la pena considerar que, según el Ministerio del Interior, Castillo desarrolló nexos con el brazo político de Sendero Luminoso en el transcurso de sus actividades sindicales. Mientras que Castillo ha negado estos lazos, la acusación resulta preocupante, especialmente considerando las propuestas desvergonzadamente antidemocráticas que promueve su partido.  

Un golpe a la institucionalidad democrática 

Según el manifiesto previamente mencionado, la libertad de prensa es una fantasía burguesa. Son exaltados los difuntos dictadores Vladimir Lenin y Fidel Castro por su manejo de la prensa privada, y queda claro, en términos explícitos, que “el socialismo no aboga por la libertad de prensa, sino por la prensa comprometida con la educación y la cohesión de su pueblo.” Los grupos mediáticos tradicionales, incluyendo el Grupo Comercio, el Grupo ATV, y el Grupo Latina, son atacados con nombre propio y acusados de “extorsion[ar] al Estado” mediante su escrutinio de los gobernantes del país. Según los partidarios de Castillo, su influencia concentrada “no solo debe ser combatida, sino prohibida.” El documento aboga también por la eliminación de lo que considera “programas ‘basura,’” específicamente mediante la evaluación previa de todo el contenido radial y televisivo del país por parte de los ministerios de Educación y Cultura, ambos encabezados por subalternos del presidente. 

El manifiesto del partido de Castillo amenaza similarmente la integridad de la rama judicial, cuya operación, si bien no ha sido impoluta, ha judicializado a casi todos los presidentes peruanos de este siglo por sus actos de corrupción, independientemente de su ideología política. El manifiesto aclara que si bien un gobierno de Castillo apoyaría la promoción de políticas contra la corrupción, un prerrequisito para obtener el apoyo popular, estas políticas también pueden ser utilizadas “como un elemento de persecución política, mientras tengamos un poder judicial neoliberal, para lo cual se tendría que tomar algunas precauciones.” Deciden no entrar en detalle sobre estas “precauciones,” pero sí prometen debilitar la separación de poderes al promulgar la elección y destitución de los altos magistrados mediante el voto popular, doblegando a la justicia ante las pasiones viscerales de la política de masas. Este punto resulta particularmente delicado porque Vladimir Cerrón, uno de los aliados políticos más importantes de Castillo, hoy está preso por actos de corrupción, actos comprobados que Castillo ha negado, aseverando que Cerrón no ha sido “sentenciado por corrupción,” sino “por la corrupción,” o, como podría haber dicho el expresidente estadounidense Donald Trump, “sentenciado por el pantano.” La destitución de los jueces, entonces, podría servir como amenaza, permitiéndole a Castillo movilizar su influencia política y asegurar la impunidad en casos como el de Cerrón. Incluso antes de llegar a la presidencia, Castillo ha revelado una estrategia peligrosa, caracterizada por desinformar a la población, deslegitimar las instituciones existentes que podrían obstaculizar los abusos de la rama ejecutiva, y finalmente someter estas instituciones ante su voluntad mediante el voto popular. 

Quizás aún más preocupante es la transformación de la educación pública peruana que promueve el mismo manifiesto, incluyendo la introducción, engañosamente planteada, de cursos en “filosofía, economía política, geopolítica y artes.” Todas estas materias son potencialmente edificantes, mas pueden ser manipuladas fácilmente al limitar la perspectiva de los estudiantes a la filosofía de Marx, la economía política de Lenin, la geopolítica de Castro, y las artes del movimiento comunista Latinoamericano, por ejemplo. Considerando la naturaleza orgullosamente Marxista-Leninista del manifiesto y su predilección por la censura contra los medios informativos, resultaría lógico entender que a esto se refieren cuando abogan por la formación de alumnos “íntegros, autónomos y revolucionarios.” 

Estos cambios se tendrían que promover mediante una reforma constitucional, así como la que realizó Hugo Chávez en 1999 para implementar la constitución de la Venezuela de Nicolás Maduro. Todo esto resulta particularmente preocupante cuando se considera que el gobierno constitucional duradero no ha sido la norma históricamente en el Perú. La democracia peruana contemporánea lleva tan solo veinte años de existencia, pero ha durado más que casi cualquier otro periodo de gobierno constitucional en la historia del país, superada únicamente por los veintiocho años entre 1886 y 1913. Efectivamente, los últimos cinco años han vuelto a evidenciar la fragilidad continua de la democracia en el país.

Regresa la economía del revanchismo

También es alarmante el programa económico del manifiesto, caracterizado por cambios drásticos en el modelo económico peruano justo cuando, por la recesión del COVID-19, requiere más estabilidad que nunca. Se contemplan la nacionalización de los recursos naturales y de tierras privadas, amenazando la seguridad de los derechos de propiedad, así como la revisión de todos los tratados de libre comercio que le han permitido al país más que duplicar sus exportaciones entre el año 2000 y el 2019, y el cobro de “todo tipo de impuestos,” sofocando así la actividad económica privada cuando el sector estatal sería incapaz de llenar el vacío salvo mediante un plan de gasto cuyos costos el país no podría asumir. Mientras que el manifiesto también apoya la eliminación total de la deuda externa, Castillo se declaró en contra del pago de esta en una entrevista de abril de este año, implicando que intentaría desconocerla. 

A diferencia de Chile, el Perú nunca ha enfrentado un presidente marxista. Sin embargo, las políticas descritas previamente están alineadas con el modelo económico revanchista que promovió la dictadura de Velasco, cuyos efectos perduraron aproximadamente entre 1968 y 1993. Como hoy promete Castillo, Velasco expropió amplias extensiones de tierra privada, impuso el control estatal sobre las industrias principales del país e instauró condiciones prohibitivamente costosas sobre la iniciativa privada, todo bajo los pretextos de la justicia colectiva y el nacionalismo económico. Muchos de los sectores recientemente nacionalizados operaron en déficit constante, contribuyendo así a una crisis de deuda externa que atormentó al Perú a lo largo de los años ochenta y principios de los noventa, generando hiperinflación e incrementando la pobreza a niveles aterradores. 

El Instituto Peruano de Economía ha documentado exhaustivamente los fracasos económicos del gobierno de Velasco. Será suficiente para nosotros comparar el crecimiento económico durante el periodo Velasquista y post-Velasquista, entre 1968 y 1993, con el periodo entre 1993 y 2018. El modelo anterior, al que Castillo quisiera regresar, vio reducido el PIB per cápita a un 82.7% de sus niveles de 1968. El modelo contemporáneo, el que Castillo quiere reemplazar, ha visto los mismos ingresos surgir a un 253.4% de sus niveles de 1993. 

La diferencia entre ambos modelos para el peruano promedio, cuya vida ha mejorado según una amplia gama de medidas sociales desde 1993, es indiscutible. Veinticinco años más del crecimiento visto entre 1968 y 1993, a partir del 2018, reducirían el nivel socioeconómico del Perú al que hoy vive Irak para el año 2043. Al contrario, veinticinco años más del crecimiento visto entre 1993 y 2018 levantarían el nivel socioeconómico del Perú al que hoy goza Polonia durante el mismo periodo. Es evidente que la diferencia entre estas proyecciones podría ser exagerada, considerando el papel de varios factores exógenos durante ambos periodos. Sin embargo, dada la importancia cada vez mayor de contar con instituciones competitivas en una economía mundial globalizada, puede que la diferencia sea aún mayor a lo que sugiere la experiencia histórica. 

Una elección que definirá las próximas décadas

La prosperidad económica y la vida democrática del Perú han florecido como nunca antes desde que comenzó el siglo XXI, pero es innegable que en los últimos cinco años han surgido varias pruebas difíciles de la estabilidad de este nuevo orden, culminando en la catástrofe del COVID-19. Estas son las coyunturas que demuestran si las instituciones son capaces de demostrar su resiliencia ante las generaciones venideras, o si, por el contrario, revelan su fragilidad y dan paso a una norma histórica mucho peor. La candidatura de Castillo representa la mayor amenaza en mucho tiempo a las instituciones de la República del Perú. En cuestión de meses, sabremos si el país andino es capaz de superar el reto.